Hasta ahora Suecia ha cedido a todas las peticiones que iba formulando Recep Tayyip Erdogan como condición para que Turquía de el visto bueno a su adhesión a la OTAN. La última, en vísperas de Navidad, fue acceder a un cambio legislativo para que difundir propaganda del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) o apoyar de cualquier forma sus actividades constituya delito en suelo sueco. «Estamos haciendo todo lo posible para cumplir con el pacto (de Madrid) y ponerlo en marcha», presentó como ofrenda en Ankara el ministro sueco de Exteriores, Tobias Billstroem, al anunciar una «más intensa cooperación en la lucha contra el terrorismo» y explicar que «el mensaje que quiero trasladar es que Suecia cumple sus promesas y nos tomamos muy en serio cada párrafo, estamos implementando las medidas necesarias». La respuesta del Gobierno turco, sin embargo, fue de insatisfacción. Su homólogo Mevlüt Çavuşoğlu subrayó que el «proceso está lejos de terminar» y que eran necesarias «más medidas de solidaridad». Se estaba refiriendo a la extradición de presuntos sospechosos de terrorismo, entre ellos el periodista Bulent Kenes, que vive exiliado en territorio sueco. Y es aquí donde se ha producido el punto de inflexión de las concesiones por parte de Estocolmo. «Turquía ha confirmado que hemos hecho lo que prometimos, pero al mismo tiempo dice que quiere cosas que ni podemos ni queremos darle», ha declarado el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, durante la Conferencia de Seguridad celebrada este domingo en Sälen. Kristersson ha explicado que «estamos convencidos de que Turquía acabará tomando una decisión, pero no sabemos cuándo», poniendo así en duda que Erdogan responda de forma efectiva a las concesiones de su gobierno en lugar de actuar de acuerdo a su propia agenda política interna, y sugiriendo que Occidente debe frenar la capacidad de influencia de un socio que ni siquiera se ha sumado a las sanciones internacionales contra Rusia. Finlandia, el país vecino que también aspira a la adhesión a la OTAN lo más rápidamente posible, ha respaldado esta negativa a al chantaje turco . En los pasillos de la misma conferencia, el jefe de la diplomacia finlandesa ha declarado que su país mantiene la decisión de entrar en la Alianza al mismo tiempo que Suecia: «Finlandia no tiene tanta prisa como para no esperar a que Suecia obtenga luz verde», ha dicho Pekka Haavisto , retirando así la posible presión sobre Kristersson. La OTAN apoya a Suecia El secretario general de la OTAN, Jens Stoltemberg , presente también en la conferencia, ha expresado igualmente su apoyo a la postura sueca y ha rebajado sus expectativas, diciendo que «yo espero (que el ingreso en la OTAN se produzca en 2023), pero sin garantizar una fecha exacta porque se trata, en efecto, de una decisión soberana del parlamento turco y del parlamento húngaro, que aún no han ratificado el acuerdo». En su opinión, sin embargo, «Finlandia y Suecia respetan el acuerdo y están claramente comprometidas a mantener la cooperación a largo plazo con Turquía sobre estas cuestiones, por consiguiente el momento de finalizar el proceso de adhesión y ratificar el protocolo ha llegado». «Por supuesto, me gustaría que se completase lo antes posible», ha añadido, «pero no pierdo de vista que se trata de un proceso muy rápido en relación con el resto de adhesiones». Bulent Kenes, el periodista exiliado en Suecia al que Erdogan quiere de vuelta por la fuerza, era el editor jefe de ‘Today’s Zaman’, el diario en inglés de mayor tirada en Turquía y que fue cerrado por el gobierno en 2016 por su cercanía al Movimiento Gülen. En julio de 2014, fue acusado ante la Fiscalía General de Ankara de llevar a cabo una campaña de difamación contra su nombre por el propio Erdogan, que tiñó así el caso de enfrentamiento personal. Fue detenido en 2015 y nuevamente acusado en 2016, antes de abandonar el país, donde le espera una condena de treinta años de prisión por un tuit y una columna de 500 palabras que el fiscal interpreta como apoyo al golpe de Estado. El Supremo sueco considera que su condena se debe a «delitos políticos» y rechazó su extradición el 19 de diciembre. «Existe el riesgo de persecución por sus ideas políticas», justificó el juez Petter Asp. Kristersson ha subrayado que Suecia cuenta con un sistema judicial «independiente»,dando a entender que, aunque quisiera extraditarlo, tendría las manos atadas.
Source: abc internacional