Daniel Ortega ordenó la reanudación de los juicios políticos contra los más de cuarenta opositores que ha encarcelado desde el año pasado. La limpia, que para muchos expertos recuerda a los Procesos de Moscú que ejecutó el dictador Joseph Stalin, ha sido brutal. Comentaristas, líderes políticos y activistas y un aspirante presidencial han sido declarados culpables estos días de un supuesto delito que no tiene parangón en la historia del país, como lo es «conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional». Hasta el momento, once personas fueron declaradas culpables.
El «crimen» que la Fiscalía subordinada al Frente Sandinista —el partido de Gobierno— ha imputado a los opositores es tan abstracto como difícil de comprobar. Por ello, las pruebas son tan insuficientes que expertos en Derecho aseguran que deberían ser declaradas en nulidad. Los fiscales —también militantes del partido— presentan tuits, entrevistas públicas a medios de comunicación y mensajes de textos extraídos de los dispositivos de los detenidos. Y los testigos son los mismos oficiales que llevaron a cabo los allanamientos. Todas estas características estuvieron presentes en el proceso contra la activista Ana Margarita Vijil, miembro de la Unión Democrática Nicaragüense, uno de los grupos de oposición y la primera en ser juzgada por los sandinistas.
Sin defensa
El patrón se repitió durante los juicios posteriores. Ninguno de los abogados defensores lograron mediar palabra con los acusados. El hermetismo ha sido total. Solo un familiar de los acusados puede acceder a las largas sesiones que terminan hasta bien entrada la tarde. Para la abogada Vilma Núñez, presidenta de la Comisión Nicaragüense de los Derechos Humanos (Cenidh, organismo independiente del Gobierno), los juicios violan todos las garantías de los acusados.
«A la vez se violó el artículo 121 del Código Procesal Penal que refiere que los juicios deben realizarse en la sede de los tribunales, o sea, en el Complejo Judicial de Managua y no en la Dirección de Auxilio Judicial, como se han hecho todas las farsas judiciales», detalló la experta.
Vijil y el aspirante presidencial Miguel Mora han sido los únicos sentenciados por el régimen. La activista recibió un falló de diez años de cárcel, por el supuesto delito de «conspiración», mientras que Mora tendrá que pagar una pena de 13 años. Además, queda inhabilitado para cargos públicos en dicho periodo.
También fueron declarados culpables el líder universitario Lesther Alemán y la exguerrillera Dora María Téllez, ambos detractores del régimen. En el caso de Alemán todavía no se ha dictado sentencia, aunque la Fiscalía pidió la pena máxima de 15 años de cárcel. El estudiante ha sido una de las voces más críticas contra la dictadura. El 15 de mayo de 2018, a pocas semanas de que estallaron las protestas contra el Gobierno, pidió la dimisión de Ortega y el cese de la represión en un polémico diálogo nacional que fue televisado. En seguida, Alemán saltó a la fama y su frase «ríndase ante todo este pueblo» acaparó los titulares de los medios.
Source: abc internacional