La situación política peruana ha sumado un hecho más a la crisis continua entre el Ejecutivo, el Legislativo y la Judicatura: la fiscal general de Perú, Patricia Benavides , presentó ayer al Congreso una denuncia de 376 páginas donde acusa al presidente Pedro Castillo de ser «el supuesto autor de los delitos de organización criminal agravada, tráfico de influencias y colusión». Es la primera vez que el Ministerio Público acusa a un presidente ante el Congreso, y lo hace basándose en el convenio anticorrupción de la ONU. La acusación contra Castillo se resume en señalar que, desde que llegó al poder, el mandatario diseñó una arquitectura de entrega de obras y puestos de trabajo a cambio de prebendas y que en dicha organización, que él presuntamente dirige, se encuentran los exministros Juan Silva y Geiner Alvarado, sus sobrinos, su esposa, Lilia Paredes , su cuñada y el exsecretario de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco. Además, la Fiscalía acusa al Gobierno de usar a la Policía y a los organismos de Inteligencia de perseguir y borrar pruebas que involucren a la red criminal. «Hemos hallado muy graves y reveladores indicios de la existencia de una presunta organización criminal enquistada en el Gobierno con la finalidad de copar, controlar y direccionar los procesos de contrataciones en los diferentes estamentos del Estado para obtener ganancias ilícitas», dijo Benavides tras presentar la denuncia contra el mandatario en el Congreso. Arropada por sus funcionarios más cercanos, entre ellos el policía Harvey Colchado –que fue denunciado por el presidente Castillo después de ir a detener a su cuñada, Yenifer Paredes , al Palacio de Gobierno–, la fiscal Benavides señaló que «la igualdad ante la ley demanda que todos respondan por sus actos. Nuestro país vive una triste y dolorosa historia plagada de corrupción y es nuestro deber tratar de erradicarla». «Aprovechándose de todo el poder que les da estar en el Gobierno y que se expresa en una amenaza contra el Ministerio Público», añadió. Denunció asimismo la hostilidad contra su persona y su familia, lo que «pone en grave peligro el descubrimiento de la verdad que el pueblo espera conocer. Por ello presentamos la denuncia contra el presidente Pedro Castillo Terrones y los demás integrantes aforados de la presunta organización criminal», zanjó Benavides. En conclusión, lo que pide la fiscal general al Congreso es realizar «una interpretación auténtica al artículo 117 de la Constitución, que reglamenta que el presidente solo puede ser investigado por traición a la patria, negarse a realizar elecciones, cerrar el Congreso sin justificación e impedir que actúen los organismos electores», dijo a ABC el exmagistrado del Tribunal Constitucional, Eloy Espinoza. «La fiscal ha optado por plantear que hay delitos y que el camino está con obstáculos y le pide al Congreso que salte los obstáculos». Noticia Relacionada estandar No La Fiscalía denuncia al presidente de Perú ante el Congreso como presunto líder de una banda criminal Paola Ugaz Castillo niega que vaya a pedir asilo o abandonar del país «porque no hay fundamento legal». La denuncia podría conllevar la suspensión de su cargo La Constitución posibilita la investigación al presidente, pero no que se le acuse; por esa razón, «la fiscal solicita que se aplique la Convención contra la Corrupción que firmó el Perú y dejar de cumplir el artículo 117», explica Espinoza. El presidente se defiende Tras la presentación de la denuncia, el equipo de comunicación de Castillo convocó a una rueda de prensa con la asociación de prensa extranjera en el Palacio de Gobierno donde el ministro de Trabajo, Alejandro Salas , señaló que la denuncia de la fiscal Benavides ante el Congreso «es un golpe de Estado sin armas». «Yo sé que, en una lucha política, hay costes hasta familiares. Nosotros venimos de abajo, venimos de espacios muy adversos, donde hemos sido golpeados por la pobreza y desigualdad», dijo Castillo, que aseguró que «vamos a descartar todo tipo de acusación y vinculación, las tienen que probar primero». También quiso dejar claro, ante informaciones que apuntaban que tenía intención de pedir asilo en Venezuela, que no tiene intención de salir del país. «Yo sé que, en una lucha política, hay costes hasta familiares. Nosotros venimos de abajo, venimos de espacios muy adversos, donde hemos sido golpeados por la pobreza y desigualdad» Pedro Castillo Presidente de Perú «Nos sometemos a todo tipo de investigación. Lo han hecho al entorno de la familia, al entorno ministerial, no hay fundamento real. Son acusaciones planificadas y vamos a seguir dando la batalla», refirió el primer ministro, Aníbal Torres , que añadió: «Buscaron la vacancia, la suspensión o renuncia, y mediante estas investigaciones los fiscales dijeron que iban a encontrar las pruebas a través de los colaboradores eficaces, pero nunca presentaron una prueba directa en contra del presidente de la República. No la van a poder presentar porque no existe», añadió. «No hay más delitos por los que se le pueda acusar o someter a antejuicio según el artículo 117 de la Constitución . Por tanto, la fiscal está violando la Carta Magna y esperamos que el Congreso inmediatamente la someta a investigación», concluyó el primer ministro, Aníbal Torres.
Source: abc internacional