El FBI se incautó de cuatro juegos de documentos etiquetados como «alto secreto» en su registro el lunes en la mansión de Donald Trump en Florida, según el auto judicial sobre el que un juez ha levantado el secreto de sumario este viernes 12 de agosto, a petición del gobierno federal. La orden de registro de la mansión de Mar-a-Lago identifica tres delitos federales por los que la fiscalía está investigando al expresidente: vulneración de la ley de Espionaje, obstrucción de la justicia y manejo criminal de registros gubernamentales. Tal y como figura en la relación oficial de incautaciones, los agentes del FBI, la policía judicial que se coordina con la fiscalía, se llevaron documentos clasificados de la mansión de Mar-a-Lago durante el registro. Los agentes requisaron en total más de 20 cajas del club que además funciona como residencia del expresidente Trump en Palm Beach, con carpetas de documentos, fotos y al menos una nota manuscrita. Trump no estaba en Florida cuando se produjo el registro, sino en Nueva York. Los agentes se llevaron el lunes cuatro legajos de documentos etiquetados como «alto secreto», tres juegos de documentos identificados como «secreto» y otros tres de documentos de nivel «confidencial». El auto revelado por el juez no identifica el contenido de esos documentos, aunque el diario «The Washington Post» había revelado el jueves que algunos de ellos incluían información sobre el programa nuclear de EE.UU. La orden emitida por un juez federal autorizaba a los agentes del FBI a registrar el despacho de Trump y cualquier «sala de almacenamiento y todas las demás habitaciones o áreas dentro de las instalaciones utilizadas o disponibles para ser utilizadas por [el ex presidente] y su personal y en las que pudieran almacenarse cajas o documentos, incluyendo todas las salas o edificios de la mansión». Trump informó del registro el lunes, denunciando una caza de brujas. La orden dice que la fiscalía busca todos los «documentos físicos y registros que constituyan pruebas, contrabando, resultado del delito u otros artículos poseídos ilegalmente en violación de tres posibles delitos, incluyendo en parte vulnerar la ley de Espionaje que prohíbe la recopilación, transmisión o pérdida de información de defensa nacional». La orden también menciona la destrucción de registros y la ocultación o manipulación de documentos oficiales. Entre los documentos incautados hay además uno sobre el indulto al abogado Roger Stone, un aliado y conseguidor de Trump que fue condenado en 2019 por mentir al Congreso durante su investigación sobre la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016. Trump indultó a Stone antes de salir de la presidencia, salvándole de cumplir una condena de tres años de prisión. La solicitud del departamento de Justicia es llamativa porque este tipo de documentos tradicionalmente permanecen sellados durante una investigación en curso. Pero Trump instó antes a la fiscalía a que hiciera público el auto de registro, alegando que así quedaría demostrado que se trata de una decisión «injustificada e innecesaria», tal y como dijo en un mensaje publicado el viernes en sus redes sociales. Trump, sin embargo, tenía en su poder una copia del auto, y podría haberlo difundido antes sin la necesidad de que se lo ordenara un juez a la fiscalía que le investiga por la gestión de material clasificado tras su salida de la Casa Blanca. Estas informaciones se suman a las investigaciones previas de si Trump recibió ayuda de Rusia para acceder al poder. El fiscal especial Robert Mueller no confirmó que Trump se coordinara con Rusia, pero sí identificó en 2019 una campaña concertada del régimen de ese país, que comanda Vladímir Putin, para ayudar a Trump por medio de ciberataques y desinformación. El expresidente siempre ha negado que recibiera ayuda de Rusia, y denuncia que es víctima de una gran caza de brujas que ahora se centra en esos documentos clasificados. El mismo jueves, el fiscal general de EE.UU. [ministro de Justicia] Merrick Garland reveló que él mismo autorizó la petición de registro de la residencia de Trump y solicitó al juez que permitiera hacer público el auto correspondiente, con un listado del material incautado por el FBI. Alegó Garland que existía «un interés público sustancial en este asunto». La decisión le ha correspondido al juez federal Bruce Reinhart, el mismo que firmó la orden de registro. Joe Biden, el actual presidente, ha negado saber del registro de la casa de Trump antes de que este se produjera. Garland, nombrado por Biden, ejerce como ministro de Justicia y a la vez supervisor del ministerio fiscal. Trump se enfrenta a al menos tres investigaciones separadas, mientras estudia si vuelve a presentarse a las elecciones presidenciales, en esta ocasión en 2024. Además del caso de los documentos clasificados está el de la posible incitación a la insurrección antes del saqueo del Capitolio y el de supuestas irregularidades en sus declaraciones de la renta y otras gestiones con el fisco.
Source: abc internacional