El asunto no es menor si se tiene en cuenta que a lo largo de estas semanas el ingeniero Hernández ha rechazado de forma sistemática cualquier encuentro con Petro para debatir su programa de gobierno y las soluciones que promete traerá a Colombia. Sus asesores de campaña, tal vez conscientes de que el líder de la izquierda cuenta con una indiscutible experiencia en debates públicos, prefieren resguardar a Hernández detrás de los micrófonos o cámaras de medios de comunicación, en vez de sacarlo a una confrontación abierta con Gustavo Petro, quien dice estar listo para el encuentro.
Empate técnico
Pero notificar no obliga, según muchos juristas que han comentado el pronunciamiento del Tribunal. El argumento original de la tutela –también atípica en el escenario electoral nacional– es que la ciudadanía tiene derecho a conocer las propuestas finales de los dos candidatos y que, de esta forma, se fortalece la discusión democrática al recibir «información veraz e imparcial». Sin embargo, no hay norma alguna que obligue a los candidatos. Y si alguno toma el camino de la impugnación del fallo y eleva el caso a la Corte Suprema de Justicia, en el plazo de 20 días para su pronunciamiento ya se habrá cumplido la elección.
El debate detrás del debate tiene muchas aristas. Empecemos por el de las encuestas, que desde el pasado domingo ya no se pueden publicar, pero que han dejado en el imaginario y en los medios de comunicación el mensaje de empate técnico, con cifras que fluctúan entre el 48% y el 46% en la intención de voto; y solo dos de ellas le dan ventaja a Petro, con la distancia más significativa en la de Yanhaas, en la que el líder de izquierda le saca 10 puntos porcentuales a Hernández (45,5% frentre a 35,5% en la intención de voto). Así, cualquier salida en falso les puede costar la presidencia a cualquiera de los candidatos.
Otra arista importante es la de las campañas de desprestigio o las acusaciones entre campañas, impacto negativo que los dos candidatos tratan de reparar. En estas tres semanas se han destapado escándalos y denuncias de toda índole. Del lado de la campaña del Pacto Histórico, la filtración de vídeos donde los líderes de esta y los estrategas de marketing y comunicación planean formas para desprestigiar a los contendientes de Petro, sin reparar en casi nada, especialmente de cara a la pasada primera vuelta.
Por el lado de Hernández, llamado a juicio el próximo 21 de julio para responder por un caso de corrupción durante su gestión como alcalde de Bucaramanga, está igualmente en escena. Quien se ha declarado como el candidato anticorrupción no pareciera tan impoluto, al menos no a los ojos de la Fiscalía, que por cuenta del caso Vitalogic lo ha citado formalmente a juicio dado un «interés indebido en contratación» en un tema de basuras, por la cual su hijo recibiría un millonario soborno. A esta investigación se unen sanciones disciplinarias que el candidato desestima como acciones de sus enemigos politiqueros. Sin embargo, en los audios filtrados queda claro que para el candidato «la ley no importa», como lo dice, reforzando comentarios sobre cómo ha construido su empresa interpretando la ley o aprovechando zonas grises de la justicia.
A esta hora, aún no se confirma si habrá debate o no entre los candidatos. En la calle y los medios está más vivo que nunca y promete extenderse hasta el próximo domingo.
Source: abc internacional