Para quienes abogan por el endurecimiento del acceso a las armas como una forma de solucionar esta lacra, el acuerdo es, a la vez, decepcionante, histórico y alentador. Su contenido es muy modesto y está muy lejos de los cambios ambiciosos que han defendido en las últimas fechas el presidente de EE.UU., Joe Biden, y muchos de sus aliados demócratas. Pero, al mismo tiempo, si se concreta en un texto aprobado en el Congreso, sería el primer avance legislativo en control de armas en casi tres décadas. Y, para algunos, una puerta abierta a progresos futuros.
El acuerdo, negociado entre diez senadores republicanos y otros tantos demócratas, incluye varios puntos: fondos para que los estados aprueben leyes de ‘bandera roja’, por las que los juzgados pueden retirar sus armas a personas que muestren comportamiento violento o suicida; miles de millones de dólares para recursos de salud mental y para mejorar la seguridad en las escuelas (lo fundamental en el problema para los republicanos); inclusión de delitos juveniles en la revisión de los registros criminales para los compradores de armas de menos de 21 años; eliminación de la laguna legislativa que permitía el acceso a armas a responsables de violencia doméstico si no estaban casados; y la primera ley federal contra el tráfico de armas y las compras interpuestas.
“Las familias tienen miedo, y es nuestra obligación juntarnos y conseguir algo que ayude a recuperar su sentido de seguridad en sus comunidades”, asegura el comunicado conjunto del grupo de senadores, liderados por el demócrata Chris Murphy y el republicano John Cornyn. “Nuestra plan salvará vidas y protegerá a su vez los derechos constitucionales de los estadounidenses que respetan la ley”.
El acuerdo, sin embargo, está muy lejos de cualquier propuesta que suponga cambios significativos y apenas toca el acceso a las armas. Tras la matanza de Uvalde, Biden exigió normas “de sentido común”: la expansión de la revisión del historial delictivo a todas las compras de armas, no solo las que ocurren en tiendas; el establecimiento de leyes de ‘bandera roja’ en todo el país, a nivel federal; o el veto de rifles de asalto de estilo militar, que aparecen de forma rutinaria en las grandes matanzas, o, como mínimo, elevar la edad mínima de venta a 21 años (los atacantes de Uvalde y Búfalo tenían 18 y 19 años, respectivamente). Varias de esas propuestas se han aprobado esta semana en la Cámara de Representantes, donde los demócratas tienen mayoría suficiente, pero son inviables en el Senado, donde empatan a escaños con los republicanos.
La siguiente batalla será ver cómo queda el texto definitivo y si logra sumar apoyos suficientes. La ley resultante necesitará el apoyo de sesenta de los cien senadores. Dado que hay diez senadores republicanos que forman parte del acuerdo, es probable que salga adelante, a no ser que surjan diferencias fuertes en la redacción final.
“Es un buen primer paso para acabar con la inacción persistente contra la epidemia de violencia con arma de fuego”, reacción Chuck Schumer, el líder demócrata en el Senado, en una posición repetida por buena parte del partido. “Es obvio que no tiene todo lo que necesita”, dijo Biden en un comunicado sobre el acuerdo, “pero refleja pasos importantes en la dirección adecuada”.
Source: abc internacional